El
costo de una escritura en la provincia de Buenos Aires para
un terreno alejado del centro urbano es de, por lo menos,
2.350 pesos.
Una
cifra que resulta paradójicamente superior al valor del terreno.
A esto debe agregarse las cargas municipales: la provincia
de Buenos Aires cobra 4% sobre el valor de venta de valuación
fiscal o el valor mayor más la actuación notarial y el aporte
jubilatorio – que es de 11% -, además de la actualización
parcelaria que debe realizar un agrimensor matriculado en
esa jurisdicción.
El
arancel mínimo es de 250 pesos por parcela.
Si
el terreno contara con mejoras, su valor supera el doble del
mínimo establecido, mientras que en la Capital Federal se
derogó el impuesto fiscal para uso de vivienda, por lo que
sólo las unidades para uso profesional pagan 2% del valor
de venta.
•
Ataque
No
es posible que el Estado ataque de tal forma las escrituraciones
y recargue a los profesionales con tareas sin retribución
alguna.
Menos
aceptable aún resulta que se exijan cargas impositivas tan
exageradas, aparte de lo que la DGI grava por imperio de las
leyes.
El
Colegio de Escribanos y las instituciones que representan
a propietarios e intermediarios deberían formular los reclamos
correspondientes para disminuir las cargas tan desmesuradas
que paralizan las transacciones.
La
propiedad inmueble sufre así un profundo castigo producto
de los gravámenes exagerados, injustos e ilegítimos, que originan
serios perjuicios a la sociedad.
Deben
promoverse las transacciones de compraventa, porque es la
manera de cumplir con el sueño de la vivienda propia y porque
constituyen el progreso y el bienestar de toda la sociedad,
cumpliendo así con la letra y el espíritu del derecho de propiedad,
consagrado en la Constitución Nacional.
(*)
Presidente y vicepresidente respectivamente, de la Cámara
de Propietarios de la República Argentina. (CAPRA)
